What Changed After the Initial Review

12 de marzo de 2025 Por Patricia Herrera Rojas

Cuando enviamos el primer borrador del dossier sobre reformas societarias a tres estudios de Córdoba, las devoluciones coincidieron en un punto: la sección de plazos de inscripción en la IGJ estaba clara, pero faltaba el contexto de qué pasaba cuando una sociedad ya había presentado los papeles y la resolución llegaba después del vencimiento. Esa observación, que parecía menor, terminó reordenando todo el capítulo.

La primera versión del texto explicaba la Resolución General 12/2024 tal como estaba publicada. El problema es que en la práctica los jueces están aplicando criterios distintos según la provincia y según el tipo de trámite. Un socio de un estudio de Mendoza nos contó que su cliente había recibido una observación formal por una diferencia de dos días hábiles, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires el mismo supuesto se resolvía con una simple nota aclaratoria.

Después de esa revisión, reescribimos el apartado con tres cambios concretos. Primero, separamos los plazos según el tipo de acto: constitución, reforma de estatuto y designación de autoridades. Segundo, agregamos una tabla comparativa con los criterios que están aplicando los registros de Córdoba, Mendoza y CABA. Tercero, incluimos un checklist de verificación previa que los estudios pueden usar antes de presentar la documentación, para evitar rechazos por errores formales que no tienen que ver con el fondo del asunto.

El ajuste más importante fue conceptual. En lugar de presentar la resolución como un cambio aislado, la explicamos como parte de una tendencia más amplia hacia la digitalización de los trámites societarios. La IGJ viene empujando en esa dirección desde 2022, y las provincias están siguiendo el mismo camino a ritmo desigual. Para un abogado que trabaja con pymes, entender esa lógica es más útil que memorizar el texto de una resolución que probablemente se modifique en los próximos meses.

La lección que dejó esta revisión es simple: el valor de un análisis normativo no está en repetir lo que dice la norma, sino en mostrar cómo se aplica cuando llega a la mesa de trabajo. Eso es lo que intentamos hacer en cada número de LawBrio, y es también lo que nos pidieron los lectores que respondieron la encuesta de fin de año.

Patricia Herrera Rojas

Directora editorial de LawBrio

Abogada especializada en derecho societario y compliance, con más de quince años de ejercicio profesional en estudios jurídicos de Córdoba. Coordina el equipo de redacción, selecciona los fallos de la CSJN y las resoluciones de IGJ que se analizan en cada número, y supervisa las guías prácticas sobre contratos comerciales y gobierno corporativo. Escribe la columna mensual de actualización legislativa y conduce las entrevistas a referentes del foro local.

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